Ollanta Humala ha cancelado su previsto viaje a Venezuela, al menos por ahora, y ha declarado que su país es un aliado estratégico de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. El presidente electo se ha reunido con la cúpula dirigente de los empresarios y parece que el encuentro ha tenido un efecto balsámico sobre el capital. Simultáneamente, el teniente coronel le ha pedido a Álvaro Vargas Llosa que viaje a China, Japón, Washington y Bruselas para calmar las aguas financieras, actuando como una especie de provisional Ministro de Relaciones Exteriores.
Curiosamente, a los chinos les encanta la idea de que Perú siga por el camino capitalista, lejos de la rabiosa algarabía tercermundista de los países del Alba. Siempre es más fácil realizar transacciones mutuamente satisfactorias con Estados de Derecho regidos por el mercado que con la tribu tumultuosa de los impredecibles “revolucionarios”.
Entre los nombres que se barajan para ocupar el cargo de Primer Ministro está el de Beatriz Merino, una abogada liberal, en el sentido latinoamericano de esa palabra, famosa por su honradez y su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos. Si la nombran, además de ser una señal muy importante de sensatez política, será la estocada final al autoritarismo colectivista y otro síntoma de que Ollanta se habrá trasmutado de izquierdista carnívoro en un amable socialdemócrata vegetariano al que es factible invitar a tomar café sin temor a que te lance un mordisco.
Es posible que Humala se haya dado cuenta de que la aventura chavista no tiene otro destino en Perú que la crispación, el empobrecimiento colectivo y, muy probablemente, el colapso de las frágiles instituciones democráticas. Tras once años de experiencia chavista cualquier observador objetivo percibe que el desordenado manicomio venezolano sólo se sostiene en pie por el río de petrodólares que le entra al país. Chávez es el modelo perfecto de gobernante, pero por la otra punta: hay que hacer exactamente lo contrario de lo que prescribe este loquito locuaz y pendenciero.
¿Cómo y cuándo se produjo la transformación de Ollanta Humala? Es imposible saberlo. Tampoco se puede precisar si realmente cambió de opinión y modificó su escala de valores, o si se trata, simplemente, de una persona pragmática que entiende sus limitaciones objetivas y actúa en consecuencia.
Ollanta creció bajo la influencia de su padre, el abogado Isaac Humala, un comunista militante y aguerrido, defensor de la vía violenta para imponer sus ideas, que mezclaba el marxismo con el racismo indigenista, quien se ufanaba, como puede comprobar cualquiera que se asome a YouTube, de haber adiestrado a sus hijos Ollanta y Antauro para tomar el poder mediante un golpe militar que implantaría en Perú el reino del “etnocacerismo”, nombre rimbombante de sus fantasías totalitarias.
Luego Ollanta Humala recibió ayuda económica y respaldo político del presidente venezolano. Chávez apostó fuerte por él durante las elecciones del 2006, ángulo que le sirvió a Alan García para derrotarlo fácilmente en aquellos comicios. Más tarde, parece que fue Lula quien lo llevó al altar para desposarlo con las ideas de la moderación socialdemócrata y de una variante light y costeable del asistencialismo.
Por último, un mes antes de las elecciones recientes, durante la segunda vuelta electoral, comparecieron Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo para leerle la cartilla liberal y forjar con él un pacto que lo llevaría al poder a cambio de respetar las normas de la democracia, la Constitución y el modelo económico que desde hace una década han propiciado el crecimiento general de Perú a tasas cercanas al 8%, aunque en ciertas zonas de Lima ese porcentaje alcanza el 20.
¿Qué hará el chavismo si se confirma la deserción de Humala de sus filas? Si los WikiLeaks no mienten, en Ecuador, ante una situación parecida con el presidente Lucio Gutiérrez, a quien Chávez creía haber seducido y luego se separó de esa línea, el venezolano montó una conspiración para derrocarlo. Un tercer hermano de Ollanta, Ulises, profesor universitario y la cabeza mejor amueblada de la familia, piensa y teme que la facción chavista querrá hacer valer su triunfo a cualquier costo. La gran paradoja es que Humala, si gobierna bien, será contra las convicciones de sus antiguos camaradas. El tiempo dirá.
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Promulgan norma que favorece a funcionarios públicos corruptos
Publicado por Luis Alberto Sanchez Caceres / Category: Peru
Blindaje. Ley elimina inhabilitación y solo sanciona cuando haya daño económico para el Estado. Fue presentada por el Poder Judicial, modificada luego por el Congreso y finalmente promulgada el viernes por el presidente Alan García Pérez.
María Elena Castillo.
Los tres poderes del Estado se unieron para blindar a los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción al haber propuesto, aprobado y promulgado la Ley Nº 29703, que los sanciona penalmente solo cuando se haya producido un daño económico contra el Estado y elimina la inhabilitación para ejercer cargos públicos a acusados de enriquecimiento ilícito.
Esta historia comenzó el 3 de agosto del 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia, presidida entonces por Javier Villa Stein, envió un proyecto de ley para endurecer las penas previstas en el Código Penal para los delitos contra la administración pública.
Sin embargo, excluye la pena de inhabilitación que prevé el artículo 401 para casos de enriquecimiento ilícito.
Carlos Rivera, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, advirtió que al eliminar esta sanción se busca favorecer a los funcionarios públicos salientes de esta gestión que puedan ser eventualmente sentenciados.
“Ex ministros, ex congresistas o hasta el ex mandatario, que hayan sido condenados por incurrir en enriquecimiento ilícito, podrán ejercer puestos públicos sin ninguna restricción. Es un contrabando hecho para los apristas y los fujimoristas”, alertó.
Beneficio irregular
Por su parte, el ex fiscal y ex jefe de Control Interno del Ministerio Público Avelino Guillén explicó que esta exclusión deriva a los jueces al artículo 426 del mismo código, que impide asumir la función pública entre uno y tres años, cerrando la posibilidad de que el magistrado se remita al artículo 39, que permite que el sentenciado sea inhabilitado por un tiempo similar a la condena impuesta.
“Antes se podía extender la inhabilitación a la pena principal. Por ejemplo, si un funcionario es sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad por enriquecimiento ilícito, los incisos 1 y 2 del artículo 36 impiden ejercer mandato, empleo o condición de funcionario público”, señaló.
Refirió que el mismo artículo suprime la obligación para que el funcionario público justifique razonablemente algún incremento irregular en su patrimonio.
“Es decir, que si a un funcionario público se le encuentra una cuenta con un millón de dólares, ya no tiene que explicar de dónde salió ese dinero, lo que para nada ayuda a luchar contra la corrupción”, dijo.
Defraudación patrimonial
El ex procurador para casos de corrupción Ronald Gamarra sostuvo que otra de las modificaciones peligrosas es haber incluido en el artículo 384 la precisión de que un acto de colusión se produce cuando existe una defraudación patrimonial contra el Estado, es decir, haya un daño económico.
“Esto fue incluido por la Comisión de Justicia del Congreso, que preside Rolando Sousa, pero los demás congresistas también son responsables, pues no cuestionaron este tema durante el debate, cuando bien pudieron plantear la imprescriptibilidad de estos delitos”, manifestó.
El abogado penalista Wilfredo Pedraza aclaró que en los delitos contra la función pública no se puede sancionar solamente si se produce un perjuicio al patrimonio del Estado, sino que lo que se debe garantizar es el adecuado ejercicio de las funciones de los servidores.
“Con esta modificación se está promoviendo la impunidad, y se están eliminando sanciones penales a un funcionario que pueda realizar gestiones ilegales, otorgar un contrato o concesión, a cambio de dádivas o coimas”, expuso.
Asimismo, el director de proyectos del Laboratorio de Estudios Sociales y ex procurador anticorrupción Julio Arbizu comentó que se ha perdido una gran oportunidad de evitar que los funcionarios públicos utilicen los bienes del Estado para temas personales, como ocurrió con el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, procesado por usar el vehículo oficial para reuniones privadas.
Por lo visto, la ley que el viernes pasado promulgó el presidente Alan García, en lugar de fortalecer las sanciones, lo que hace es cubrir las espaldas y blindar a los corruptos.
Cronología
3 de agosto del 2010. Poder Judicial presenta el proyecto de ley de modificación a los delitos contra la administración pública.
10 de febrero del 2011. El proyecto va a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
13 de abril del 2011. La comisión aprueba el dictamen favorable sustitutorio que precisa la sanción penal para actos de colusión que generen defraudacón patrimonial al Estado.
19 de mayo del 2011. El Pleno del Congreso lo aprueba por unanimidad, con 64 votos de representantes de todas las bancadas parlamentarias.
9 de mayo de 2011. El presidente García promulga la norma.
10 de junio de 2011. Se publica la Ley Nº 29703, que favorece a los funcionarios corruptos.
Reacciones
"Estas modificaciones dificultan los avances y ponen una serie de trabas y obstáculos para la real lucha contra la corrupción”.
Avelino Guillén
FISCAL, Ex jefe de COntrol internoDEL mp.
"En su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, fue el congresista Rolando Sousa quien introdujo las modificaciones al proyecto de ley”.
Víctor Mayorga
secretario de la comisión de justicia.
Nacionalistas pedirán derogatoria
La inmediata derogatoria de la ley que beneficia a los funcionarios públicos corruptos impulsará la bancada nacionalista, anunció su vocero Daniel Abugattás, quien ofreció disculpas a la población por no advertir antes que esta norma era un “petardo contra la lucha anticorrupción”.
Sostuvo que su bancada se confió en que la propuesta provenía del Poder Judicial y aparentemente buscaba incrementar las sanciones a los funcionarios que incurran en actos ilegales. Señaló que por ello no se dieron cuenta de las modificaciones introducidas, al “más puro estilo montesinista”.
“A pesar de que quedan solo tres días de Pleno, si hay voluntad política, el pedido de derogatoria se eximirá de comisiones y se votará de inmediato. Entonces la población verá quién protege a los corruptos”, afirmó.
¿Y si aviso? Porque no se tomaron las medidas adecuadas? 